Hoy fue ratificada la doctrina del actual director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para enfrentar los casos de financiamiento ilegal de la politica. Optó por el camino” pecuniario”, es decir, privilegió notificar multas a las empresas investigadas en los casos Penta y Soquimich. Resarcirse económicamente del daño causado y no presentar querellas. Por lo tanto y en términos prácticos, dejar sin sanción penal las condutas de empresas que financiaron las campañas y buscaron evadir impuestos; políticos que recibieron los dineros con boletas falsas, por servicios nunca efectuados.
Eventualmente tampoco podremos conocer concretamente a quién financió cada una de las empresas involucradas.
La decisión de Impuestos Internos motivó la reacción de fiscales que llevan las causas. Carlos Gajardo la calificó de “inaceptable” por tratarse el fraude fiscal de un delito muy grave que -como la colusión y delitos electorales- deben ser de acción pública. Mientras, su par Pablo Norambuena apuntó al Código Tributario, que exige que el Servicio se querelle para poder realizar una investigación. Apuntan a derogar a o cambiar la norma que ampara la “doctrina” del actual director del Servicio de Impuestos Internos pero que alimenta la sensación de impunidad.
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