Rompe paga. Esa fue la respuesta del alcalde Felipe Alessandri para enfrentar la toma de colegios. El municipio de Santiago llevó el tema a los tribunales y presentó una demanda que busca una indemnización de 3,3 millones de pesos como compensación por los daños generados en la toma de mayo en el Liceo 7.
Lo llamativo es que la acción no está dirigida contra los responsables materiales de esos actos, sino contra los padres de quienes convocaron a la toma. El municipio busca que los apoderados de los 5 estudiantes que integran el Centro de Alumnos se hagan cargo de lo que ocurrió. Y se basa en un artículo del Código Civil que hace responsables, civilmente, a los padres por los actos de sus hijos.
La política cambia completamente la forma en que hasta ahora se abordaban estos hechos. Es claro que la gran mayoría de los apoderados y alumnos de la comuna no avala los desmanes provocados durante una toma. Ha habido casos emblemáticos. Gran impacto y debate causó lo ocurrido en el INBA el año pasado, que quedó con daños por 400 millones de pesos.
Y la escena, en menor magnitud, se ha repetido en otros establecimientos. ¿Quién paga? Hasta ahora el municipio, forzado a desviar recursos en reponer infraestructura. Y los otros alumnos, que se quedan sin clases o en peores condiciones materiales. Pero hacer responsables a quienes convocan una movilización puede tener otros efectos.
Podría extenderse a otros escenarios, por ejemplo. ¿Se aplicaría la medida contra quienes convoquen a movilizaciones en las calles que luego deriven en desmanes? Además podría desincentivar la participación en los centros de alumnos, disminuir su ámbito de acción y la relación del sostenedor con los alumnos.
Quizás el costo a pagar ante el daño, material y simbólico, a estos establecimientos. Así, el tema quedará en tribunales porahora. Mientras la problemática de fondo, la calidad de la educación pública, seguirá todavía pendiente….
Deja tu comentario